El Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, a examen

La vivienda, además de una necesidad, constituye el principal objeto de deseo para una gran parte de la población española, especialmente los jóvenes y los colectivos más desfavorecidos. Y también supone una de sus mayores preocupaciones, por las dificultades de acceso, en especial el denominado primer acceso, ya sea en régimen de propiedad o en arrendamiento.

El parque de viviendas sociales en nuestro país se estima que asciende al 2,5% del total, mientras que la media en la UE se sitúa en el 9,3%. Esto significa que deberíamos incrementar la cifra de viviendas sociales en 1,8 millones de unidades.

Las viviendas protegidas tan solo representan 0,9 por cada 100 habitantes, frente a 4 de media en la UE, lo que supone un déficit de 1,5 millones de unidades.

La provisión de vivienda social y asequible compete a las Administraciones Públicas, que deben implementar las condiciones necesarias para facilitar su impulso, mediante medidas como la colaboración público-privada, el Help-to-Buy y el Build-to-Rent, y establecer incentivos a la inversión privada para su desarrollo y puesta en el mercado de viviendas en régimen de alquiler.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de febrero el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que será tramitado por el procedimiento de urgencia en el Parlamento, e “incorpora importantes medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a la vivienda a través de instrumentos efectivos que incrementen la oferta a precios asequibles, incluyendo medidas específicas para atender a los problemas de acceso a la vivienda en zonas de mercado residencial tensionado, en las que se deben aplicar políticas públicas encaminadas a revertir la situación”, según la Nota de prensa difundida por el MITMA.

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